Según reseña la prensa salvadoreña, se trata de una disposición que nunca antes había sido invocada.

Los congresistas rechazan la excepcionalidad de la medida y muchos aseguraron que no asistirían a la sesión.

Bukele recordó que la Constitución contempla la posibilidad de que se produzca una insurrección popular contra los legisladores.

«Están obligados constitucionalmente a asistir a la sesión extraordinaria. Si alguien rompe el orden constitucional, el pueblo tiene el artículo 87«, escribió el viernes el mandatario en Twitter.

El artículo 87 de la Carta Magna de El Salvador reconoce «el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución».

Choque de poderes

La iniciativa de Bukele fue cuestionada por la Asamblea.

En un comunicado emitido tras el anuncio del mandatario presidencial, el Poder Legislativo señaló que dado que el objeto de la convocatoria era la aprobación de un préstamo no se trataba de una «emergencia constitucional».

«No existen condiciones materiales que justifiquen la convocatoria extraordinaria ya que no basta la simple invocación de la seguridad para habilitar el ejercicio de una potestad, en observación del principio de separación de poderes, que debe utilizarse de modo excepcional», señalaba el Legislativo.

El sábado por la tarde las tensiones se acrecentaron aún más si cabe.

El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, ofreció una declaración en la que señalaba que las Fuerzas Armadas de ese país son «una institución profesional, apolítica y no deliberante, subordinada al poder civil», y ratificaba que permanecen «obedientes al presidente y comandante general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele«.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas, también ratificó su respaldo a Bukele.

«En apego al cumplimiento de nuestras leyes como manda la constitución de la República apoyamos al señor presidente @nayibbukele en su justa lucha por hacer de nuestro país el país que merecemos», expresó el sábado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Este domingo, hubo un fuerte despliegue de seguridad en torno a la sede de la Asamblea Legislativa, con militares y efectivos de la PNC.

La presencia de uniformados, sin embargo, no se produjo solamente alrededor del edificio sino que hubo soldados armados con fusiles que ingresaron a la sala de sesiones del Legislativo, lo que fue motivo de fuertes críticas no solamente por parte de políticos opositores, sino también por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.

«En El Salvador, @nayibbukele decidió intimidar al Congreso, rodeándolo e invadiéndolo con militares. Eso atenta contra la democracia y debe ser condenado sin ambigüedad», escribió el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, condenó el «ostentoso» despliegue militar y policial en la Asamblea Legislativa.

Pero, ¿cuáles son las causas de esta crisis entre poderes?

Seguridad y poder

El Plan Control Territorial es la estrategia impulsada por Bukele desde la presidencia con miras a responder a los graves problemas de seguridad ciudadana que tiene El Salvador, considerado como uno de los países más violentos del mundo y donde hay una extendida presencia de pandillas armadas.

El gobierno de Bukele presume de haber hecho grandes avances en su lucha contra este flagelo desde que es presidente. Según dijo en enero pasado el Ministerio de Seguridad, durante 2019 hubo casi 1.000 homicidios menos que en el año anterior.