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Una táctica reprochable e incluso ilegal  es, desde la perspectiva de diferentes abogados, lo que el Gobierno de El Salvador (GOES) promovió en torno al proceso de antejuicio y desafuero contra el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas. 

“Estamos observando una estrategia política para tratar de evitar controles por parte de la Asamblea al Ejecutivo. Hay una intención de burlar la fe de la Asamblea, no de los diputados, sino del Órgano como tal. Son meramente prácticas dilatorias, prácticas para desgastar la institucionalidad”, apuntó el presidente del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), German Rivera. 

En menos de dos meses, el presidente de la República, Nayib Bukele, dio un cargo de viceministro a Arriaza Chicas y aceptó la renuncia de este. En el ínterin, la Fiscalía presentó una petición de desafuero y los diputados iniciaron el proceso.

El uso de la figura del fuero constitucional para proteger a funcionarios señalados es una práctica cuestionable, de acuerdo con el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. 

“Extraña que se haya hecho todo este procedimiento de darle fuero para luego ellos mismos retirarlo, si desde el inicio estaban tratando de protegerlo, ahora le retiran esa inmunidad, sin duda, hay algo de por medio que los lleva a tomar esa decisión”, dijo Escobar.

Por su parte, el director del Departamento de Estudios Legales (DEL), de FUSADES, Javier Castro, dijo que el actuar que tuvo la Presidencia representa un fraude a la máxima normativa: la Constitución de la República. 

“Lo que se dio desde el principio fue un fraude a la Constitución en el sentido de lo que se buscaba era darle un blindaje y una protección de forma ilegítima al director de la Policía porque ya tenía la Fiscalía investigaciones. La situación del martes demuestra ese fraude”, sentenció Castro. 

Los tres abogados instaron a la Fiscalía a que agilice la presentación del expediente contra Arriaza en un juzgado.