El presidente de la República convocó a los diputados a una plenaria extraordinaria para presionarlos para aprobar el crédito de $109 millones para la Fase III del plan de Seguridad, a lo que los diputados respondieron con una reunión de emergencia de la Comisión Política el jueves por la noche y rechazaron que el Ejecutivo les ordene cuándo legislar.

En estos momentos, la Asamblea se encuentra deliberando sobre el dictamen que está siendo leído por los diputados. El presidente Nayib Bukele insiste en que deben realizarla este domingo a las tres de la tarde, basándose en el artículo 167 de la Constitución.

Pero según abogados de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección El Salvador, del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), de Acción Ciudadana y de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), no hay “condiciones extraordinarias de acuerdo con la Constitución” para que se declare una urgencia de esa naturaleza.

Los motivos que sustentan una convocatoria como la que el Consejo de Ministros ha enviado es para situaciones de catástrofe nacional y de amenaza a la soberanía, explicaron abogados.

Según el decreto leído esta tarde, la Asamblea argumenta en su rechazo que no “existen condiciones materiales que justifiquen la convocatoria extraordinaria, no basta la simple invocación de la seguridad”.

Los diputados dicen que podrían haber vicios de inconstitucionalidad incluso para la intención para la que ha sido convocada la plenaria, que es la aprobación de un préstamo de $109 millones para seguridad.La aprobación de un préstamo no constituye “emergencia nacional”. El Estado está obligado a hacer un control de las finanzas públicas, dice el decreto.La Asamblea concluye que es “improcedente” la convocatoria del Consejo de Ministros.

El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, del PCN, explicó esta mañana en conferencia de prensa que es “improcedente” la convocatoria que hizo el Consejo de Ministros para realizar plenaria extraordinaria este domingo, ya que el país no está en una “situación de catástrofe para que el Consejo haga una convocatoria de forma urgente a los parlamentarios”.

Ponce aseguró que el único que puede convocar a los parlamentarios es él por ser el presidente de la Asamblea Legislativa y Bukele debe de respetar la independencia de poderes.

“Yo no me puedo meter en asuntos del Consejo de Ministros y el Consejo de ministros no se puede meter con la Asamblea para legislar”, dijo.

El artículo 167 de la Constitución de la República no le brinda facultad al Ejecutivo para convocar a plenaria por cualquier tema, “sino solo por desastres o emergencias nacionales por fenómenos naturales o invasión al país”.

También el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección El Salvador emitió este viernes un comunicado advirtiendo que “hay un vicio intrínseco en la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros” y que esto “provocaría que la sesión de la Asamblea Legislativa se contamine de tal inconstitucionalidad, lo cual también afectaría a una eventual aprobación legislativa para la suscripción del préstamo por US$109 millones que se realice en dicha sesión”.

El préstamo solicitado serviría para la III fase del Plan control territorial. Los fondos serían distribuidos así: $25.9 millones serán utilizados en equipos de infraestructura y videovigilancia;  $46.9 para movilidad estratégica;  $2.6 en equipo, infraestructura y mobiliario médico; $17.4 para equipo táctico;  $12.9 de equipo médico y $3.3 millones para administración.

Los recursos provienen de un préstamo de Banco centroamericano de integración económica, BCIE.

El Plan Control Territorial contempla 7 fases, pero actualmente solo hay fondos específicos para echar a andar tres fases por un monto total de $575.2 millones, de los cuales $200 millones serán deudas y el resto vienen del gasto de la Nación, del impuesto a la seguridad, de donaciones, de préstamos por desembolsar y de deudas de inversión incluidos en el Presupuesto de 2019. Los fondos serán ejecutados entre el presente año y 2021.